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BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea (CE) recibió recientemente una propuesta española en la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero explica sus compromisos para modificar los requisitos de etiquetado en productos textiles, tal y como le demandó el Ejecutivo comunitario en el procedimiento de infracción que inició hace varios meses contra España.

Fuentes comunitarios se limitaron a indicar a Europa Press que Bruselas está analizando en estos momentos la información transmitida por Madrid y advirtieron de que la institución europea no prejuzga el resultado final de las investigaciones. Así, podría rechazar los argumentos españoles y llevar a España a los tribunales, o bien archivar el expediente.

La CE concedió a inicios de junio un mes suplementario a España para que modificase los requisitos de etiquetado en productos textiles, que obligan a incluir el nombre y la dirección del fabricante, mayorista o importador.

El Ejecutivo comunitario ya amenazó el pasado 1 de abril con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si no cambiaba estos requisitos en el plazo de dos meses, tiempo que concede el dictamen motivado –último paso antes de denunciar el caso al TUE-que envío a las autoridades españolas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclamó más tiempo debido al cambio en el Ejecutivo español y el período de transición que se prolongó durante varias semanas hasta la formación del equipo gubernamental.

Bruselas aceptó por ello esta prórroga de un mes. La CE considera que esta normativa española impone «costes innecesarios y adicionales» a los productos importados procedentes de otros Estados miembros de la UE.

Así, piensa que este requisito vulnera el artículo 28 del Tratado CE relativo a la libre circulación de mercancías ya que, a pesar de que se aplica tanto a los productos españoles como a los procedentes de otros países de la UE, genera costes adicionales para los productos importados.

Aunque las autoridades españolas han alegado que las medidas están justificadas por la necesidad de proteger a los consumidores, el Ejecutivo comunitario estima que estos requisitos detallados de etiquetado «no son ni necesarios ni proporcionados respecto al objetivo declarado de garantizar el seguimiento» de los productos en cuestión.