Sanidad estudia puntuar a las empresas que se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo

El Ministerio conmemora el XX aniversario de la Ley para la Defensa de los Consumidores y rinde homenaje a Lluch, impulsor de la norma

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad y Consumo estudia establecer una puntuación específica a las empresas que se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito de los contratos se servicios con la Administración, con el fin de incentivar la adhesión de las mismas a este órgano arbitral, según informó hoy la titular de este departamento, Elena Salgado.

La ministra hizo este anuncio en el transcurso de un acto de conmemoración con motivo del XX aniversario de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En el acto también se rindió homenaje a la memoria de Ernest Lluch, impulsor de esta Ley durante su etapa al frente del Ministerio, asesinado por la banda terrorista ETA en 2000.

Durante su intervención, Salgado esbozó una serie de proyectos del Ministerio en el ámbito del Consumo, como el citado sistema de puntuación. El objetivo de Sanidad es «favorecer que todas las empresas se adhieran al sistema arbitral sin limitaciones».

Se da la circunstancia de que gran parte de las empresas de servicios no están adheridas al sistema arbitral o participan en el mismo con limitaciones. Así, Sanidad pretende incentivarlas mediante el establecimiento de un baremo a la hora de firmar contratos con la Administración. No obstante, fuentes de este departamento precisaron que este es un proyecto que se negociará con el sector empresarial.

CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN

Por otra parte, Sanidad y Consumo tiene previstas una serie de actuaciones en este campo, como exigir a las empresas «mayor claridad» en la información que se proporciona al consumidor, especialmente antes de adquirir un bien, así como emitir espacios de información al consumidor en los medios de comunicación públicos.

A Consumo le preocupa «especialmente» la contratación de ciertos servicios básicos como el suministro de agua, de energía, de teléfono o bancarios, «en los que los ciudadanos deben adherirse a unas cláusulas que les vienen impuestas de antemano sin capacidad de negociación». La ministra advierte de que, en determinados casos, se establecen sistemas diferentes para el alta o la baja en el servicio, gravando «de forma desproporcionada» los intereses de los usuarios. «Entendemos que ello pone de manifiesto un desequilibrio entre proveedores y consumidores que debe ser corregido», subraya.

Para ello, este departamento estudia medidas preventivas como la prohibición del perfeccionamiento de los contratos fuera del establecimiento, impulsar una regulación «más clara» del desistimiento y la prohibición de exigir al consumidor garantías de pago de créditos mediante letras de cambio, cheques o pagarés.

Consumo también tiene previsto el desarrollo del Real Decreto sobre seguridad general de los productos en aspectos como los sistemas de comunicación de riesgos por parte de empresas, potenciar el Centro de Investigación y Control de la Calidad, la puesta en marcha de un sistema de control de seguridad de los servicios y el establecimiento de mecanismos que garanticen el resarcimiento de daños.

Asimismo, en el ámbito normativo, el Ministerio fortalecerá la colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, promoverá un marco jurídico de las asociaciones de consumidores y refundirá en un único texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias sobre esta materia.

ERNEST LLUCH

Más allá de estas iniciativas, el objetivo del acto fue conmemorar la promulgación de la citada Ley y rendir homenaje a Ernest Lluch, ministro de Sanidad y Consumo desde 1982 hasta 1986. Durante su mandato se establecieron las primeras fórmulas de colaboración con las asociaciones de consumidores, se impulsó la Comisión de Cooperación de Consumo y se pusieron las bases para el desarrollo de las oficinas municipales de Información al Consumidor.

En el acto estuvieron presentes el subsecretario de Sanidad, Fernando Puig de la Bellacasa, la directora general de Consumo, Ángeles María Heras y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, letrado mayor del Consejo Permanente del Consejo de Estado, ponente de la Constitución y de la citada ley general.

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