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MALAGA, 7 (EUROPA PRESS)

La «mayoría» del colectivo médico de psiquiatras estaría a favor de buscar «fórmulas legales» que obligasen a los enfermos mentales graves, «en su gran mayoría enfermos de esquizofrenia y con trastornos bipolares», a seguir el tratamiento prescrito por sus especialistas, según declaró hoy Alfredo Calcedo Barba, miembro del comité científico de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL), que está celebrando su XIII Congreso en Málaga.

En declaraciones a Europa Press, Calcedo Barba se refirió así a una medida «que las propias asociaciones de familiares están pidiendo insistentemente», ya que, según recordó, «uno de los principales problemas en estos pacientes es que al poco tiempo de salir de las unidades hospitalarias abandonan su tratamiento, por lo que las recaídas son más frecuentes».

Por ello, Calcedo Barba abogó por impulsar este debate, del que dijo «sin duda alguna surgirá con más fuerza en los próximos años, ya que es un problema que afecta a muchos colectivos y que políticamente deberá de tratarse».

En este sentido, señaló que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «ya está estudiando esta posibilidad, así como las posibles fórmulas jurídicas que podrían utilizarse», si bien reconoció que, «aún hay muchos jueces y abogados que se muestran reacios, sobre todo, porque en España este problema se percibe como restar libertad a un individuo para otorgarle más salud».

No obstante, sostuvo que esta medida «ya se emplea en países anglosajones como EEUU, Gran Bretaña, Canadá o Australia», ya que, según explicó, «estos países han comprobado, en diversos estudios, que el número de ingresos de los pacientes que se encuentran en tratamiento ambulatorio forzoso es mucho menor».

Respecto a la reforma psiquiátrica que se emprendió en España en la década de los 80, dicho experto declaró a Europa Press que la misma «ha sido muy desigual». Así, apuntó que mientras comunidades como Navarra «tiene unos servicios de Salud Mental muy buenos, otras comunidades como Madrid o Andalucía tienen unos programas para estos enfermos que están muy mal».

En cuanto a una posible aprobación de una medida del tipo, «que requeriría un gran debate y un cambio del ordenamiento jurídico», Calcedo Barba estimó que, «en un plazo de tres a cuatro años, podría aprobarse esta medida en el Parlamento o, al menos, estar debatiéndose», concluyó.