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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció hoy un incremento en el control de la seguridad de los servicios y la modificación de la Ley reguladora de las condiciones generales de la contratación para evitar la inferioridad de los consumidores ante las empresas de servicios básicos como agua, energía, teléfono o servicios bancarios.

Salgado comunicó hoy a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Consumo su propósito de reforzar en esta legislatura, a través de una norma, los mecanismos para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de los consumidores. También quiere incrementar el control de seguridad de los servicios.

Por otra parte, la ministra indicó que ya ha mantenido conversaciones con los responsables de los medios de comunicación de titularidad pública para la emisión de espacios de información al consumidor, tal como determina la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas similares de las Comunidades Autónomas. Como retos a afrontar en materia de protección, Salgado puso como ejemplo el desarrollo pleno del real decreto sobre seguridad general de los productos en aquellos aspectos en los que aún no se ha trabajado, como es el de los sistemas de comunicación de riesgos por parte de las empresas y los sectores. «Este asunto nos parece indispensable para cumplir con la obligación de transparencia establecida en la norma y para poner en marcha los mecanismos de gestión de riesgos», añadió la ministra.

Otro objetivo es la potenciación a corto plazo del Centro de Investigación y Control de la Calidad para aumentar aún más su tecnificación, con el fin de desarrollar en este laboratorio nuevos métodos para el control del fraude, de la calidad de productos de consumo y de la seguridad química, mecánica y eléctrica de los productos no alimenticios.

BALANCE 2004 SOBRE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS

Por su parte, en el transcurso de la 17ª Conferencia Sectorial de Consumo, la directora general de Consumo y Atención al Ciudadano, Angeles Heras, presentó a los consejeros el balance de la Red de Alerta sobre productos no alimenticios. A lo largo del año 2004 y hasta el 15 de noviembre, se han tramitado, a través del Instituto Nacional del Consumo, 485 alertas de productos que podrían entrañar riesgos para los consumidores. De ellas, 185 fueron generadas por las CC.AA., tres emitidas por el INC y 297 se recibieron de la CE. La mayoría (430) correspondieron a productos que podían generar un riesgo grave a los consumidores (430).

El país que más notificaciones ha enviado a través de esta red de intercambio rápido de información (RAPEX) ha sido Alemania, seguido de España, Hungría y el Reino Unido. En cuanto a CC.AA., Madrid ha sido la que más alertas ha remitido, seguida de la Comunidad Valenciana, Andalucía y La Rioja.

Los productos notificados correspondían a diferentes categorías, y los más implicados fueron los juguetes (25 por ciento) y las luminarias (12,5 por ciento), y en tercer lugar los artículos infantiles (ocho por ciento).

Los principales riesgos que motivaron la alerta sobre estos productos fueron asfixia y choque eléctrico, que podrían ocasionarse, respectivamente, por desprendimiento de piezas pequeñas y por ser la sección de los cables inferior a la fijada en la norma vigente. La mayoría de los productos alertados procedían de países asiáticos (45 por ciento) o eran de procedencia desconocida (28 por ciento). Los productos de origen comunitario notificados representaron el 21 por ciento.

CONTROL DE MERCADO

Entre los acuerdos alcanzados por la Conferencia Sectorial de Consumo figura la ratificación de las Campañas de Control de Mercado que se van a realizar a nivel nacional durante 2005 por las Comunidades Autónomas. Se han contemplado dos tipos de campañas: las de control general, que se realizarán sobre todos los productos, alimenticios y no alimenticios, para verificar que se cumple la información obligatoria en el etiquetado; y las campañas de control específicas de determinados productos alimenticios y no alimenticios y de servicios. El objeto de estas últimas es encontrar fraudes o irregularidades tanto en el etiquetado y contenido como en las características de los productos, lo que permite detectar aquellos que sean defectuosos, falsificados e irregulares.

Las campañas de control de servicios se dirigirán principalmente al cumplimiento de la Ley de Garantías de productos de naturaleza duradera (condiciones de contrato y cláusulas abusivas, con especial atención a telefonía móvil, relojería y vehículos usados), a centros de bronceado (cumplimiento de las condiciones de prestación de servicio e información al usuario) y al control de «tiendas todo a 100» (indicación de precios y etiquetado de productos).

PSOE

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, destacó la protección en materia de sobreendeudamiento, el fortalecimiento del sistema arbitral de consumo y el incremento de la seguridad de los productos y servicios como «medidas políticas que demuestran que la defensa del consumidor es un objetivo prioritario del Gobierno».

Valentín comentó que en los ocho años del Gobierno del PP se «ha fomentado el endeudamiento de los consumidores como motor para el crecimiento económico, sin haber adoptado ni una sola medida que aminore el riesgo que ello supone para muchas familias».