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Sostiene que el anteproyecto de Ley puede crear «ciudadanos de segunda» y que el Gobierno «está humillando al adulto»

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El director del «Club de Fumadores por la Tolerancia», Alvaro Garrido, abogó hoy por que el consumo de tabaco en los centros de trabajo –cuya prohibición está prevista para el 1 de enero de 2006, según lo previsto en el anteproyecto de Ley que prepara el Gobierno–, «se regule a través de convenios colectivos entre las empresas y los propios trabajadores», ya que, a su juicio, el Estado «no debería de entrar de forma tan específica y prohibitiva en la regulación de este hábito legal».

En rueda de prensa en Sevilla, calificó el anteproyecto de Ley que prepara el Ejecutivo central en este apartado como «uno de los más restrictivos de cuantos existen en Europa», algo que, a su entender, «puede generar crispación y discriminación de los empresarios a los alrededor de diez millones de fumadores que existen en España».

En cuanto a la medida pretendida por este colectivo de «autorregular» el consumo de tabaco en los centros de trabajo, Garrido sostuvo que dicha propuesta se sustenta también «en los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional a 1.800 trabajadores en activo» –de ellos 213 de Andalucía–.

Según dicho informe, añadió el director de este colectivo, el 64,9 por ciento de los encuestados considera que regular el consumo de tabaco en los centros de trabajo «corresponde al ámbito privado de las empresas», toda vez que un 57 por ciento de los encuestados andaluces «afirmó que este consumo debe de estar autorizado en los centros de trabajo».

Con todo, un 56 por ciento de los mismos apostó por un consumo de tabaco, aunque de forma restringida. De igual forma, señaló que el 71,3 por ciento de los fumadores andaluces manifestó que lo fuma en los centros de trabajo.

A tenor de estos resultados, Garrido, quien anunció que «se lo remitiremos a los ministerios pertinentes para que los tengan en cuenta», reiteró que el Estado «no debería de entrar de forma tan específica en la regulación y prohibición del consumo de tabaco, máxime cuando pagamos un impuesto del 72 por ciento del precio de venta al público».

«CIUDADANOS DE SEGUNDA»

Además, Garrido sostuvo que la futura Ley puede crear que «un gran número de fumadores sean tratados como ciudadanos de segunda», a lo que el escritor y cineasta Fernando Marías –presente en la rueda de prensa–, añadió que con el actual anteproyecto «el Gobierno está humillando al adulto en su libre elección de dejar o no de fumar».

En este sentido, Marías, quien se presentó como «ex fumador, aunque tolerante con la decisión personal de fumar o no», abogó por que «sea la propia persona, respetando a aquel que no quiere fumar, la que decida sobre su consumo o no como yo hice».

«Estoy de acuerdo con el hecho de que el tabaco es negativo, pero lo que me sorprende es esa prohibición tan tajante de que a partir del 1 de enero de 2006 no se podrá fumar en los centros de trabajo», añadió Marías, quien advirtió en este punto de que «me parece que esta medida puede traer muchos problemas».

REFLEXION DE LA MINISTRA DE SANIDAD

A tenor de ello, recomendó a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, «que reflexione sobre esas posturas y medidas tan tajantes visionando películas como «El Bosque» o «El último tango en París»».

«Si el talante del actual Gobierno es la reflexión y el sentido común, me pregunto si no debería de replantearse esta Ley, que me parece muy acertada en todo su conjunto, aunque no en el tema de la prohibición expresa», continuó.

Por último, el presidente del «Club de Fumadores por la Tolerancia», entidad fundada en 1995 y que aglutina a unos 70.000 socios y simpatizantes en toda España, aseguró que desde dicha plataforma «no animamos a nadie a incumplir una Ley una vez que se ha aprobado, sino a que se fomente el respeto entre los fumadores y no fumadores, preservando el derecho último de éstos últimos».