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BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado a 99 gestores, profesionales sanitarios y expertos en economía sanitaria defiende revisar la gratuidad de los medicamentos para todos los jubilados, algo que actualmente garantiza el sistema sanitario español, independiente de la renta económica de los pensionistas.

La encuesta, encargada por la Fundación BBVA, ha sido elaborada por el Centro de la Investigación de la Salud (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), bajo la dirección de los profesores Guillem López Casasnovas (UPF) y Marc Sáez, de la Universitat de Girona (UdG).

El denominado «Barómetro para el diagnóstico del sistema sanitario español» aborda el catálogo de prestaciones que debe cubrir la sanidad pública y destaca como aspectos a excluir la excención del copago a todos los pensionista o los tratamientos y medicamentos no efectivos, aunque no ahonda en los detalles.

DOS NIVELES DE COPAGO.

El profesor de Economía de la UPF y codirector del CRES, Vicente Ortún, abogó por establecer dos niveles de copago farmacéutico. El primero, generalizaría el copago de medicamentos financiados por la sanidad pública a toda la población, también a los pensionistas, aunque aplicando «exenciones individuales», apuntó.

Así, «los ancianos con pensiones muy bajas quedarían excluidos del copago y la población activa con recursos económicos muy reducidos tendría un copago tope», puntualizó.

Según Ortún, el segundo nivel de copago se tendría aplicar en función de «la efectividad de los medicamentos» y a través de «unos precios de referencia» que «debe fijar el sistema sanitario público» a la hora de pagar por estos fármacos.

«Si existen tres fármacos de la misma eficacia y el usuario quiere el más caro, la diferencia la debería pagar él y no el sistema sanitario público», señaló.

Este experto consideró que el sistema actual de copago de fármacos «no es suficientemente equitativo», ya que «no es normal que un pensionista multimillonario tenga los medicamentos gratis y que en cambio una mujer con tres hijos a su cargo y al paro debe pagar».

El barómetro también aborda excluir de la sanidad pública la cirugía estética, los tratamientos de fecundación «in vitro» y las operaciones de cambio de sexo. Actualmente, esta última prestación se financia en algunas comunidades como la de Andalucía.

Ortuño destacó el caso de Holanda, un país que ha decidido no financiar los tratamientos de fecundacion «in vitro, porque considera que «no hay una necesidad social para aplicar nuevos sistemas para tener más hijos».

A cambio, los encuestados proponen introducir nuevas prestaciones a la sanidad pública, como la odontología, las prestaciones relacionadas con la dependencia, la atención mental y los servicios de oftalmología, aunque no entran a valorar si con ciertas tasas de copago.

APUESTAN POR SUPRIMIR MUFACE.

Otros de los asuntos que defienden la mayoría de los encuestados de este estudio es la conveniencia de eliminar MUFACE, la mutua de los funcionarios públicos, posibilidad que valoran con una nota de un 6,8 sobre diez.

Actualmente, los funcionarios deciden todos los años si quieren recibir sus prestaciones a través de la sanidad pública o del sistema privado, según López Casasnovas. El 83% de funcionarios se decantan por la sanidad privada y el 17%, por la pública.

El problema está en que «buena parte de los funcionarios que escogen el sistema privado son capaces de acceder a la sanidad pública» que «a su vez, no puede controlar esta situación», señaló este especialista.

Ante esta situación, López Casasnovas señaló que «el mantenimiento de MUFACE no tiene demasiada justificación» si «no es posible que la sanidad pública facture a la privada o que se regule esta situación, con un mayor control».

EMPEORA LA IMPLICACIÓN DE LOS MEDICOS.

El estudio también detecta un empeoramiento en la implicación de los médicos en la atención sanitario, lo que comparten un 52,6% de los encuestados, todos ellos miembros de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES).

La presidenta de AES, Beatriz González, señaló que el problema de los médicos españoles «no es sólo un tema salarial» sino «su satisfacción profesional y su prestigio», algo en que España «está cojeando».

En cambio, el 40,8% de los encuestados destacan como aspecto que ha mejorado la descentralización sanitaria, que «se ha dejado de ver comi una amenaza y que ahora, probablemente, se interpreta como una oportunidad», según López Casasnovas.

«Más que las desigualdades territoriales en prestaciones, la mayoría de expertos se muestran preocupados por las diferencias en la calidad asistencial internas en el interior de cada autonomía», precisó.

Los expertos encuestados valoran con un siete sobre diez la calidad asistencial del sistema sanitario español, su equidad –con una nota de un 6,38– y su eficiencia –con un 6,27–.