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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno afirma que no tiene previsto regular de manera concreta el uso del correo electrónico en el seno de la empresa como instrumento de formación y comunicación entre los trabajadores, y subraya además que este asunto no está incluido en la agenda del diálogo social.

No obstante, cree «conveniente» establecer «reglas pactadas» entre el trabajador y el empresario para que «el uso razonable de la necesaria comunicación particular» a través del ordenador sea «mínimamente reglamentada».

Así se desprende de una respuesta parlamentaria -a la que tuvo acceso Europa Press- a una cuestión del diputado de CiU Carles Campuzano, sobre las previsiones del Gobierno para regular el uso del e-mail de los trabajadores de las empresas de más de 50 empleados con sus representantes sindicales.

El Ejecutivo afirma en su escrito que el uso de las nuevas tecnologías de la información debe potenciarse y facilitarse, aunque subraya que «no se encuentra justificación» para exigir a los empresarios que «faciliten» a los trabajadores los medios materiales y técnicos para ello, como ordenadores, programas de comunicaciones, servidores y direcciones de correo electrónico.

En este sentido, el Gobierno explica que esto exigiría un acuerdo entre las partes implicadas, empresa y trabajadores, como reconoce una sentencia del Tribunal Supremo. «La utilización por los representantes sindicales de las nuevas tecnologías, en la medida en que pueden considerarse necesarias para el ejercicio de la acción sindical en la empresa –continúa– no se considera en principio que deba abordarse como una norma legal, que en su caso debería tener rango de Ley Orgánica».

DERECHO A MEDIOS IMPRESCINDIBLES

Aunque reconoce que tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconocen a los representantes de los trabajadores el derecho a que se les faciliten «los medios imprescindibles» para el ejercicio de la acción sindical, el Ejecutivo subraya que «lo que no establecen las normas ni pueden establecer» son los detalles y concreciones de esos derechos, «entre ellos los medios de comunicación de los trabajadores, siendo esta cuestión de difícil tratamiento por la norma legal».

La respuesta del Gobierno cree que esta cuestión «podría justificar un tratamiento específico» a través de la legislación o de la negociación colectiva o «a través de códigos de buenas prácticas en los propios convenios colectivos a partir del principio de lealtad mutua, que establezca una política clara sobre las posibles medidas de control por parte del empresario».

En este sentido, el Ejecutivo reitera su sugerencia de que se establezcan «reglas pactadas» para regular el correo electrónico con el objetivo de que «el uso razonable de la necesaria comunicación particular a través del ordenador sea mínimamente reglamentada por acuerdo entre las partes».