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La nueva legislación tendrá un coste de hasta 900 millones de euros al año y puede aumentar el precio de los aparatos hasta un 3%

BRUSELAS, 11 (EUROPA PESS)

A partir del sábado 13 de agosto, los consumidores podrán entregar en los comercios de forma gratuita un electrodoméstico usado por cada aparato nuevo que compren, gracias a la entrada en vigor de los principales capítulos de la legislación de la Unión Europea en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El objetivo es asegurar que estos residuos, que a menudo contienen sustancias químicas peligrosas, no se dejen en vertederos sino que se recojan, se reciclen y se reutilicen.

El cumplimiento de estas normas generará, a escala comunitaria, un coste global estimado por la Comisión entre 500 y 900 millones al año (desglosados de la siguiente manera: 300-600 millones de euros se gastarán en la recogida y 200-300 en la reutilización y el reciclado). Se calcula que estos costes supondrán un encarecimiento en el precio de los electrodomésticos de entre el 1% (la mayoría de los aparatos) y el 2-3% (frigoríficos, televisores y monitores).

No obstante, el Ejecutivo comunitario señala que los beneficios de la legislación para la salud humana y el medio ambiente justifican los costes y los incrementos de precios. Además, el reciclado de residuos electrónicos permitirá un ahorro de energía equivalente a 2,8 milllones de toneladas de petróleo al año, y hará posibles ahorros de costes adicionales en la producción de material virgen.

El 13 de agosto es el pazo máximo que tienen los Estados miembros para organizar un sistema de recogida de residuos, y la fecha límite de los productores de electrodomésticos para asumir la financiación de la recogida, tratamiento, recuperación y eliminación respetuosa con el medio ambiente.

La recogida deberá hacer posible que los consumidores devuelvan un aparato usado cada vez que compren un nuevo producto (principio «uno por uno»). Además, habrá otros puntos de recogida donde los particulares y los distribuidores en posesión de residuos de aparatos eléctricos podrán depositarlos gratuitamente. El establecimiento de estos puntos de recogida se hará teniendo en cuenta su accesibilidad y la densidad de población.

Todos los productos comercializados después del 13 de agosto de 2005 deberán estar marcados con un contenedor de basura tachado para que los consumidores sepan que no pueden deshacerse de ellos de cualquier manera. Los productores deberán proporcionar una garantía financiera (seguro de reciclado, cuenta bancaria bloqueada o participación en un sistema colectivo) que cubra los costes de recogida y tratamiento. Con ello se evitará que los «productos huérfanos» -es decir, los aparatos usados cuyos productores ya han desaparecido- queden abandonados.

Por lo que respecta al tratamiento de los «residuos históricos» (los procedentes de productos comercializados antes del 13 de agosto) los productores tendrán que adherirse a un sistema colectivo. La financiación colectiva podrá conseguirse mediante la recaudación de una cantidad fija o la aplicación de un recargo a los aparatos nuevos.

La siguiente fase en la aplicación de esta normativa será exigir objetivos de recogida de residuos, y entrará en vigor a finales del año que viene. A partir del 31 de diciembre de 2006, los Estados miembros tienen que garantizar que se recoja, por medios selectivos, un promedio de 4 kg. por habitante y año. Los productores deben respetar una serie de objetivos de valorización, reciclado o reutilización.

Así por ejemplo, el porcentaje mínimo de valorización en el caso de los electrodomésticos grandes (frigoríficos, microondas), es del 80%, mientras que el de reutilización y reciclado de sus componentes, materiales y sustancias es del 75%. Para los pequeños electrodomésticos, el porcentaje de valorización es del 70% y el de reutilización del 50%. Los 10 países de la ampliación disfrutarán de una prórroga de 24 meses para alcanzar el objetivo de recogida de 4 kg.

Paralelamente, el 1 de julio de 2006 entrará en vigor una disposición de la directiva sobre utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos que prohibirá la utilización de las siguientes: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).

ENTRE 17 Y 20 KG DE RESIDUOS POR PERSONA Y AÑO

El Ejecutivo comunitario calcula que en la actualidad se generan entre 17 y 20 kg. de residuos de aparatos eléctricos por persona y año. Hasta la fecha, más del 90% de los mismos se someten a vertido, incineración o recuperación sin recibir ningún tratamiento previo, con el riesgo consiguiente de que se produzca una liberación de agentes contaminantes que afecte a la atmósfera, las aguas y el suelo.

Entre las sustancias problemáticas desde el punto de vista medioambiental que contienen estos aparatos cabe destacar determinados metales pesados (mercurio, plomo, cadmio y cromo) y varios compuestos halogenados (clorofluorocarburos, policlorobifenilos, policloruro de vinilo y materiales pirorretardantes bromados).

Muchas de estas sustancias son potencialmente tóxicas, por lo que su liberación puede plantear riesgos para la salud humana. Así, por ejemplo, el plomo puede dañar el sistema nervioso y repercutir negativamente en el sistema cardiovascular y los riñones. El cadmio también afecta al funcionamiento de los riñones y puede causar transtornos cerebrales.

Hasta la fecha, todos los Estados miembros, excepto Francia, Malta, Polonia y el Reino Unido, han comunicado a la Comisión las medidas que han adoptado para la transposición de esta directiva sobre residuos de aparatos eléctricos. El Ejecutivo comunitario ya ha abierto expediente a estos países porque tenían de plazo máximo hasta el 13 de agosto de 2004.