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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclamó hoy al Gobierno una «auténtica» Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que actualice la aprobada hace más de veinte años. Además, recordó que la legislación vigente ya prohíbe el redondeo de las telefónicas y que, por lo tanto, «para acabar con la indefensión de los consumidores no sólo hacen falta leyes, sino gobiernos que las hagan cumplir».

Según esta federación, la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por el Gobierno, «introduce aspectos positivos», pero también recoge «algún retroceso», dado que, a su juicio, «no representa el avance normativo necesario que FACUA viene reivindicando desde hace años para los consumidores españoles».

En concreto, destaca que muchos de los aspectos de la nueva norma, «aunque ahora se mejoren, ya están contemplados en la legislación vigente, como la ilegalidad de las prácticas de redondeo, por lo que lo prioritario es que el Gobierno actúe para acabar con ellas».

Según FACUA, «para acabar con la indefensión de los consumidores no sólo hacen falta leyes, sino gobiernos que las hagan cumplir». De hecho, advierte que el Ejecutivo tiene ya «los resortes suficientes para por freno a estas prácticas» de redondeo al alza en la facturación sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva ley.

ANUNCIO DE DEMANDAS JUDICIALES

Asimismo, la Federación advierte que por cada mes de espera, las compañías de telefonía móvil seguirán ingresando unos 100 millones de euros mensuales fruto de los redondeos; desde 1998, la cifra supera ya los 7.000 millones de euros. En este sentido, anuncia que interpondrá en los próximos días una demanda judicial contra Movistar, Vodafone y Amena.

Por último, FACUA advierte que el anteproyecto de Mejora de la Protección de los Consumidores «prevé limitar el derecho de presentar demandas judiciales en representación de intereses colectivos», como la que la Federación va a interponer contra las telefónicas, algo que, en su opinión, puede traer «un importante perjuicio a los consumidores españoles».

Según añade, es de «extrema gravedad que el Gobierno recorte un derecho reconocido desde hace dos décadas a todas las asociaciones de consumidores limitándolo a aquéllas que formen parte de un órgano que lleva años inerte y cuya futura composición será, cuanto menos, polémica.