Consumo.- Condenan a Ruralcaja a devolver más de 3 millones de euros a 238 clientes

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Valencia ha condenado a Ruralcaja a devolver más de 3 millones de euros a 238 clientes por las pérdidas que sufrieron al contratar los denominados «Depósitos estructurados» comercializados en 2000 por la entidad financiera, sin que los usuarios hubieran recibido la «adecuada información ni asesoramiento» y por no adecuar las ofertas al perfil del cliente, informó hoy la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que defendió en todo el proceso judicial a los afectados.

La Audiencia condena a la entidad a pagar 2,25 millones de euros que se suman a los 239.000 reconocidos por el juzgado de primera instancia número 22 de Valencia, que estimó inicialmente en parte la demanda de Adicae, más los intereses legales desde el año 2000 hasta la fecha. En total, suman unos 3,1 millones de euros.

Adicae aseguró en un comunicado que esta decisión supone un «hito en la defensa de los ahorradores» y un «precedente clave» para «decenas de miles de usuarios que han sufrido las consecuencias de la contratación de los «falsos depósitos estructurados»», que comercializan al menos un tercio de los bancos y cajas que operan en España y para los «millones de consumidores que contratan productos de ahorro-inversión». Asimismo, subrayó que permite «a más de 1.000 perjudicados por Ruralcaja beneficiarse de la decisión judicial».

Según la asociación, la sentencia, dictada por la sección novena de la Audiencia de Valencia, con fecha del 14 de noviembre, la obligación de las entidades bancarias de actuar «con la debida diligencia profesional en pro de sus clientes, defendiendo sus intereses como si fueran los suyos propios». Además, añade, destaca «lo incorrecto de la comercialización indiscriminada de productos sin tener en cuenta si el cliente dispone o no de unos mínimos conocimientos financieros», una obligación que establece la legislación actual.

En este sentido, destaca que las entidades deben solicitar a sus clientes información sobre su experiencia inversora, objetivos, capacidad financiera y preferencia de riesgo, criterios que deben aplicarse «teniendo en cuenta la finalidad inversora perseguida y el perfil de riesgo del inversor».

INICIO DE LA DEMANDA

El inicio de la denuncia surgió a raíz de la comercialización en el año 2000 de unos productos como plazos fijos que en realidad eran inversiones con vencimiento a tres meses referenciadas a la valoración de acciones tecnológicas extranjeras –en Deutsche Telekom y KPN en el caso de Ruralcaja– de «elevado riesgo y volatilidad».

La asociación recordó que estos productos –que eran» contratos financieros atípicos o CFAs» aunque fueron denominados «indebidamente» «Depósitos Alta Rentabilidad»– se vendieron a los clientes «valiéndose de la confianza [en el] asesoramiento que recabaron [los consumidores] de los profesionales de banca». En muchos casos los clientes superaban los 60 años, no tenían conocimiento de los mercados financieros y jamás habían contratado productos de riesgo.

Los consumidores que los contrataron «se encontraron con pérdidas que superaban en muchos casos el 70 por ciento de lo invertido, fruto del ahorro de toda una vida», señaló Adicae. En estas circunstancias, la Audiencia considera que «dada la complejidad y falta de claridad de los contratos, todos los clientes, incluso los usuarios que no los leyeron previamente a su firma, quedan exonerados de responsabilidad por esa conducta «no diligente», puesto que «queda totalmente absorbida por la conducta del profesional asesor, que no dotó al consumidor de la información exigible con arreglo a los parámetros normativos».

«COTO JUDICIAL»

De esta forma, considera que se pone «coto judicialmente a un grave problema al que se enfrentan los consumidores» que son las «graves consecuencias derivadas de la firma de contratos no comprendidos, en ocasiones bajo presión o mediando engaño y en base a la confianza existente con el personal de la entidad».

La sentencia responde a la demanda colectiva interpuesta por Adicae contra Ruralcaja el 31 de julio de 2003 en los juzgados de Valencia por la comercialización de estos productos «en virtud de los cuales se trasladan al consumidor íntegramente las consecuencias negativas de una inversión de elevado riesgo, sin participar en los beneficios de dichas inversiones en el caso de que acabe resultando rentable, aplicando para ello técnicas de comercialización claramente engañosas».

La asociación anunció que está analizando los contratos de otras tres entidades y realizando un «seguimiento exhaustivo de la comercialización y publicidad agresiva en determinados productos» –especialmente contratos financieros atípicos, fondos garantizados y otras fórmulas de ahorro-inversión– con el fin de «denunciar y defender los intereses y derechos de los consumidores». La organización hizo un llamamiento a todos los consumidores «que hayan sufrido las consecuencias de este tipo de productos» para que planteen su reclamación y se inicien los trámites para recuperar las pérdidas.

Adicae subrayó que al haber presentado una demanda colectiva, todos aquellos usuarios que contrataron este tipo de producto con Ruralcaja –en torno a 5.000–, «tendrán la posibilidad de beneficiarse de los efectos de la sentencia acreditando su condición de perjudicado».

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