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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El comprador de una vivienda tiene que soportar un gasto de más de 4.000 euros por las cláusulas «abusivas» que imponen los promotores y constructores en los contratos, destacó hoy en rueda de prensa el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso.

Alonso explicó que la plusvalía de estos contratos, que es el impuesto que debería gravar el beneficio del constructor se impone en realidad al comprador con un importe medio de 2.000 euros. Además, el promotor obliga al comprador a subrogarse en su hipoteca, o le penaliza al no hacerlo, lo que supone un gasto de otros 2.000 euros.

Por otro lado, algunos los promotores y constructores obligan al comprador a hacerse cargo de la tasa de enganche de agua al edificio. Alonso especificó que en el Ayuntamiento de Oviedo, a través de una ordenanza fiscal, «obliga a los compradores de vivienda de forma ilegal a pagar las tasas de enganche del agua al edificio».

«El sector promotor actúa con impunidad y se aprovecha de que es él quien impone las reglas del juego en los contratos de compra-venta de vivienda», apuntó Alonso, y añadió que «la mayoría de los promotores y constructores no cumplen el Real Decreto 115/89, que les obliga a informar con transparencia a los compradores».

EL GOBIERNO «MIRA PARA OTRO LADO Y DEJA HACER».

Para UCE, el responsable de la impunidad de los constructores y promotores es el Gobierno y las comunidades autónomas que, «lejos de defender los derechos de los ciudadanos, miran para otro lado y dejan hacer».

Alonso insistió en que es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de que la Ley de Ordenación de la Edificación no esté desarrollada, lo que sitúa en la indefensión a los ciudadanos que pretenden acceder a una vivienda.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

UCE denunció que la aprobación del Código Técnico de la Edificación «lleva un retraso de más de cuatro años», de forma que «las normas técnicas que se están aplicando en el proceso edificatorio tienen más de 25 años».

El portavoz de la Unión de Consumidores destacó que la compra de una vivienda es la mayor inversión que hacen las familias españolas, aunque «en la actualidad tiene menos garantías que un electrodoméstico». En este sentido, Alonso alertó de que ninguna compañía de seguros quiere asegurar al promotor en los tres primeros años del edificio, que es cuando más problemas de edificación presenta.

Explicó que, según establece la Ley de Ordenación de la Edificación, es obligatorio el aseguramiento de la responsabilidad para los defectos acabados en el primer año, para los defectos de habitabilidad durante tres años y la responsabilidad decenal para defectos de carácter estructural. «De estas obligaciones sólo se está cumpliendo la relacionada con los defectos de carácter estructural», lamentó.