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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, no descarta que se pueda extender la prescripción de heroína a los toxicómanos que hayan fracasado con el tratamiento tradicional de metadona, en el caso de que los resultados del programa PEPSA que se está desarrollando en Andalucía sean positivos.

El programa experimental «PEPSA» que se lleva a cabo en Andalucía para la prescripción de estupefacientes ha sido desarrollado como ensayo clínico, con la oportuna autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas para responder a una batería de preguntas presentadas por el PP, Martínez Olmos recordó que la comunidad científica ha planteado en varias ocasiones el posible uso de la diacetilmorfina (heroína) con el objetivo de reducir la marginalidad y la delincuencia entre los heroinómanos, así como los daños sanitarios, sobre todo los derivados de la infección por VIH-SIDA.

Así, se refirió a estudios realizados por expertos de la Universidad de Ginebra en materia de prescripción bajo control médico de diacetilmorfina y morfina a nivel internacional, que aconsejan el desarrollo de estrategias terapéuticas con este fin, en un contexto experimental y evaluable.

«La evidencia científica sugiere que la diacetilmorfina es la mejor sustancia para mantener la salud física, mental y la función social de los heroinómanos –dijo–, como sustancia que posee menos efectos nocivos para la salud y menos efectos adversos que otros agonistas puros como la morfina y la metadona».

El secretario general de Sanidad afirmó que los programas de atención a los drogodependientes se han diversificado en España en los últimos años, reconociendo que la abstinencia, aunque deseable, no es una meta a corto plazo para los drogodependientes y que otros abordajes terapéuticos como el mantenimiento con drogas sustitutorias consiguen mejoras significativas en reducción de daños para la salud física, mental y la integración social de los adictos a opiáceos.

La propia Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008 contempla la implementación de intervenciones dirigidas a aminorar los daños ocasionados por estos consumos, fundamentalmente en aspectos sociales y de salud, y considera que este tipo de medidas, que han mostrado ser efectivas, deben tener una aplicabilidad generalizada en todo el territorio del Estado, restándose especial atención en aquellas zonas donde los efectos negativos de los consumos de drogas presenten una mayor manifestación.

Según Sanidad, aún cuando se ha registrado una disminución en el consumo de heroína en España, existe aún una importante bolsa de consumidores, la gran mayoría en tratamiento con metadona. De ellos, hay una población que escapa de los programas asistenciales clásicos y ha fracasado en los programas «tradicionales» de metadona, para cuyo tratamiento será necesario buscar nuevas vías de abordaje.

Por este motivo, subrayó Martínez Olmos, el objetivo del programa PEPSA es estudiar si la prescripción diversificada, individualizada y protocolizada de agonistas opioides puros, concretamente de la diacetilmorfina por vía intravenosa, es un tratamiento más eficaz que la metadona oral para aquellos sujetos dependientes de opioides por vía intravenosa que hayan fracasado anteriormente en, al menos, dos tratamientos convencionales disponibles.

A este respecto, anunció que se está pendiente de que en fechas muy próximas se reúna el comité de investigadores para realizar el análisis del informe final y poder valorar convenientemente sus resultados y las posibilidades de aplicación terapéutica en programas controlados.

A su juicio, es una evidencia que los programas de mantenimiento con metadona constituyen herramientas eficaces, «pero que en aquellos pacientes con fracasos repetidos en estos tratamientos se buscan nuevas vías de abordaje».

«La opinión pública –añadió– es favorable a intervenciones sanitarias para reducir los efectos perjudiciales de la inyección de drogas y que una buena práctica médica lleva a buscar nuevos tratamientos para aquellos heroinómanos que no pueden beneficiarse de los tratamientos actualmente disponibles».

En este sentido, aseguró que el Ministerio de Sanidad está a la espera de realizar la valoración de las aportaciones que esta línea de investigación pueda suponer para la optimización del conjunto de las actuaciones encaminadas a la reducción de daños. «La actuación futura que podamos emprender estará en relación con la evaluación de los resultados de estos ensayos clínicos», concluyó.

CAMPAÑAS CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS.

Por otra parte, el secretario general de Sanidad hizo un repaso a las distintas campaña puestas en marcha por su departamento contra el consumo de drogas, fundamentalmente en materia preventiva y para aumentar la percepción de riesgo entre los jóvenes por el consumo de drogas.

Asimismo, reiteró que no hay suficientes evidencias de la eficacia de los tratamientos de deshabituación tabáquica para su financiación, al tiempo que insistió en que no se trata de una prioridad para las CC.AA. ni es una demanda de la población fumadora.

Respecto a las actuaciones en el poblado chabolista de «Las Barranquillas» uno de los mercados habituales de droga en Madrid, explicó que la competencia asistencial corresponde a la Comunidad de Madrid, y las actuaciones policiales al Ministerio del Interior, sin que Sanidad pueda realizar acciones de ningún tipo.

ADMINISTRACION JUDICIAL DEL PAZO BAYON.

Por último, Martínez Olmos se refirió a la situación del Pazo Bayón, de gran valor económico y simbólico en la lucha contra el narcotráfico y dijo que el único motivo de que no se haya producido su integración en el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas es que aún no se ha decretado el cese de la administración judicial a que están sometidos estos bienes desde 1995.

«La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones no puede disponer de los bienes hasta que la administración judicial no los ponga a su disposición, cesando en sus funciones. El cese requiere la aprobación judicial de las cuentas de las sociedades incautadas en la sentencia, Comercial OULA SA y Albariño Bayón SL».

Así, indicó que aunque la Mesa de Coordinación se ha personado en el procedimiento para realizar un mejor seguimiento del proceso, las dificultades de todo tipo que ha tenido la gestión de las sociedades incautadas durante estos últimos años ha determinado el retraso en la presentación de las cuentas. «Una vez que la Mesa se haga cargo de estos bienes deberá considerar cual es el mejor destino de los mismos, a corto y medio plazo», concluyó.