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Administración, CC.AA. y compañías eléctricas invertirán unos 360 millones en 2006 en mejorar la calidad de la red de distribución

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno promoverá la implantación de contadores horarios a lo largo del segundo semestre de 2006 para que el consumidor doméstico de electricidad autorregule su demanda y haga un uso racional de la energía eléctrica.

Para ello, Industria ha solicitado a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que antes del 1 de mayo de 2006 remita a la Dirección General de Política Energética y Minas un informe donde se establezca un plan de implantación de contadores horarios que permitan discriminar el consumo en diferentes periodos horarios en el sector doméstico, así como el coste asociado a los mismos en función de la curva de carga de este tipo de consumidores, con objeto de posibilitar a estos consumidores un uso racional de la energía eléctrica.

Así figura en la Disposición adicional decimoquinta del Real Decreto por el que se establece la tarifa eléctrica para 2006, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que como novedad establece mecanismos para penalizar el derroche energético e incentivar el ahorro.

Así, para los consumidores domésticos se establece un pago adicional de 1,3 céntimos de euro por kWh consumido en exceso sobre un consumo mensual de 650 kWh, algo que ha generado las suspicacias de las asociaciones de consumidores, que dudan de la equidad de este mecanismo y de los criterios mediante los que se ha llegado a dicho baremo.

La tarifa media o de referencia para 2006 se incrementa un 4,48% sobre la de 2005, fijando su valor en 7,6588 céntimos por kilovatio/hora (kWh), si bien Industria prevé aplicar en julio una subida adicional de hasta el 1,5% al objeto de compensar el déficit tarifario que registran las compañías eléctricas al ser sus ingresos regulados inferiores a sus costes de generación.

El Gobierno esperará a que la CNE certifique la cantidad real en que puede calcularse el déficit tarifario de este año para arbitrar en 2006 un sistema para su pago, así como los plazos y su posible titulización (conversión en títulos negociables), lo que permitiría a las empresas anticipar su cobro.

El sector calcula que el año 2005 se puede cerrar con un déficit de entre 3.500 y 3.600 millones de euros. Las compañías ya lo están consignando como recuperado en sus cuentas trimestrales de resultados.

El Ejecutivo desvincula este déficit de los costes de transición a la competencia (CTC»s), arbitrados en 1996 para compensar a las compañías por el paso de un modelo planificado a otro liberalizado y cuyo valor se fijó en casi dos billones de las extintas pesetas y de los que sólo quedarían por cobrar unos 800 millones de euros.

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO. Los costes totales reconocidos por la tarifa para el sector eléctrico en 2006 ascienden a 19.066 millones, de los que los destinados a la retribución de la distribución alcanzan los 3.540,9 millones de euros, incluyendo 90 millones de euros (10 millones más que en 2005 y 40 más que en 2004) específicamente para planes de mejora de la calidad de servicio.

Estos planes se realizarán en régimen de cofinanciación con las comunidades autónomas, que aportarán otros 90 millones, y con las compañías distribuidoras, que destinarán 180 millones a la mejorar la calidad del suministro eléctrico.

A su vez, se han incorporado 173,5 millones de euros en la partida destinada al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007, frente a la partida de 10 millones de euros de años anteriores destinada a programas nacionales de incentivación de la gestión de la demanda.

CLARA APUESTA POR LAS RENOVABLES.

Otro de los aspectos más relevantes que incorpora la tarifa es que en la consideración de costes de generación, que rondan los 13.000 millones, se han tenido en cuenta los 4.000 millones de euros del régimen especial (el 30%), que incluyen el crecimiento de la producción de instalaciones (hidráulica, solar, eólica, biomasa, cogeneración etc.), que ya representa el 20,6% del total de energía suministrada, además del posible efecto en los precios del mercado de los compromisos derivados de la asunción del protocolo de Kioto, y el incremento del coste de la generación de los ciclos combinados tenido en cuenta la evolución de los precios del gas.

La tarifa también recoge el sobrecoste de la retribución extrapeninsular, derivado de la nueva regulación especifica de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que culminará con la aprobación de la normativa que se prevé a finales del primer trimestre de 2006 y que, de forma definitiva, permitirá la liberalización efectiva en estos sistemas en condiciones equivalentes a la península.