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Aseguran que las entidades han aumentado las comisiones para compensar su reducción de ingresos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Unión de Consumidores de España (UCE) y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) han pedido hoy al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que no autorice el acuerdo entre el comercio y las entidades de crédito sobre los pagos con tarjeta hasta que no se garanticen mecanismos para que beneficie a los consumidores.

En la denuncia enviada esta mañana al organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ambas asociaciones argumentan que dicho acuerdo es contrario a la libre competencia de mercado por incluir un pacto sobre precios, pero subrayan que podría autorizarse como «acuerdo singular» en caso de que permitiera a los consumidores participar de sus ventajas.

Advierten además de que el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre entre comercio y entidades para reducir las tasas de intercambio en los pagos con tarjeta ya ha tenido «consecuencias perversas» para los consumidores, como el incremento de los costes de servicios bancarios básicos aplicado por las entidades para compensar su merma de ingresos.

Según cálculos de Adicae, las comisiones de mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro han registrado un crecimiento del 6% de media desde el momento en que comercios y entidades alcanzaron el acuerdo sobre pagos con tarjeta, informó el presidente de la asociación, Manuel Pardo.

«Ya se ha producido un incremento de las comisiones que responde expresamente a la reducción de ingresos (para las entidades) que supone este acuerdo», denunció. «No vamos a aceptar ni a tolerar que una vez más y continuando con la tónica habitual, los consumidores sean los que paguen el desarrollo de los medios de pago en España», dijo.

El presidente de Adicae sostuvo que en la actualidad el 30% de los ingresos que perciben las entidades financieras procede del cobro de comisiones y que con éstas cubren más del 60% de sus gastos corrientes, e insistió en la necesidad de que las comisiones que bancos y cajas aplican a sus clientes «deben mantener relación con el coste real».

En este sentido, Pardo consideró insuficiente que las partes firmantes del acuerdo aseguren que resultará beneficioso para los consumidores por la rebaja de los costes de las operaciones comerciales, sin más especificaciones. «La experiencia muestra que si no se establecen las medidas y los mecanismos concretos, todo eso no queda más que en brindis al sol», recalcó.

COMPROMISO PARA CONGELAR PRECIOS.

Por su parte, el portavoz de UCE, Dacio Alonso, reconoció las dificultades que entraña establecer mecanismos concretos para garantizar beneficios para los consumidores derivados de la reducción de las tarifas de intercambio, pero propuso arrancar un compromiso de congelación de precios tanto al Gobierno como a los principales operadores económicos.

«¿Por qué no plantear una congelación de precios en España este año, un compromiso explícito donde además la propia administración a través de sus instrumentos de control específicos, pueda hacer un seguimiento?», se preguntó Alonso, tras recordar que la reducción de costes de operaciones comerciales generará ahorros ya cuantificados por algunos sectores.

En este sentido, puntualizó que la Confederación Española de Comercio (CEC) calcula que el pacto supondrá un ahorro de 600 millones de euros anuales para el sector, mientras que la Cúpula Asociativa de Agencias de Viaje (CAAVE) cifra el ahorro anual en torno a 40 millones al año. «Los consumidores están legitimados para exigir beneficiarse», sostuvo.

Para Alonso, la tendencia de aumento de los tipos de interés y el mantenimiento de la escalada de precios del petróleo, con la traslación de aumento de costes, junto al sobreendeudamiento de las familias componen un «escenario» muy preocupante para el consumo, que contrasta con los «crecimientos de dos dígitos» de grandes operadores económicos. «Es un desequilibrio notable», recalcó.

El sector del comercio y las entidades de crédito alcanzaron a finales del pasado año, gracias a la mediación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un acuerdo que puso fin su conflicto sobre los pagos con tarjeta que consiste en bajar progresivamente la tasa de intercambio a partir de este año hasta reducirla a la mitad en 2008.

Concretamente, el pacto sellado tras cinco meses de negociaciones supone una reducción progresiva de las tarifas que se cobran entre sí la entidad financiera del comercio y la emisora de la tarjeta utilizada por el cliente para abonar sus compras, hasta establecerlas en la media de las aplicadas en las transacciones a escala europea.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, estimó entonces que la reducción de costes de las operaciones comerciales superará los 2.000 millones de euros en los próximos tres años respecto a la cantidad estimada con las tasas y el volumen del comercio actual, y confió en que el pacto redundará en beneficio de todos los consumidores por la mayor eficiencia y transparencia del sistema.

Por parte de las entidades de crédito, firmaron el acuerdo Servired, Euro 6000 y Sistema 4B, y en representación de los comerciantes, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la CEC, la CAAVE y la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), entre otros.