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Los seis municipios afectados han llegado a la misma conclusión tras revisar cada uno de los análisis hechos por las empresas gestoras

CÁCERES, 6 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de las seis ciudades afectadas por el informe sobre el agua elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reiteraron que el líquido elemento en dichos municipios es «potable» y de «calidad», durante el transcurso de una reunión mantenida el pasado viernes en Madrid.

El alcalde de Cáceres, José María Saponi se reunió el pasado viernes en Madrid, con el resto de los representantes municipales de Ciudad Real, Zamora, Alicante, Ávila y Murcia para articular una línea de trabajo conjunta con la que desmentir y denunciar el informe de la calidad del agua que la OCU emitió recientemente.

Según indicó el Ayuntamiento de Cáceres en un comunicado, cada uno de los municipios negó la veracidad del documento, tachando de «grave irresponsabilidad» la alarma social que ha provocado la OCU a través del mismo. Además, indicaron que se trata de una «imprudencia» lanzar a la opinión publica la información de un proceso en el que -recalcaron- no ha asistido ninguna autoridad pertinente además de no contar con un contraanálisis tal y como exige el real decreto 140/2003.

Asimismo -señala el comunicado- calificaron la actitud mantenida por la Organización de Consumidores y Usuarios como «imprudente y temeraria, al no comunicar los resultados del informe en tiempo y forma a las autoridades sanitarias tanto del Ministerio, de las comunidades autónomas o en su defecto a los municipios afectados, después de seis meses».

Cada uno de los representantes incidió en que el agua esta sujeta a continuos controles periódicos por parte de las empresas adjudicatarias, los cuales están supervisados por la Consejería de Sanidad de cada comunidad, demostrándose así, que el agua que se suministra «tiene todas las garantías exigidas por la legislación vigente».

Además, los resultados de los controles están incluidos en el SINAC perteneciente al Ministerio de consumo donde los ciudadanos pueden comprobar la documentación que califica como apta el agua para consumo humano, indicaron.

Al respecto, se plantearon una «acción preparatoria» para presentar una demanda por parte de los municipios afectados por el informe y solicitar del juzgado que requiera a la demanda de la OCU, para que se aporten los documentos o expedientes que corroboren que el agua que se suministra «no tiene todas las garantías» exigidas por la legislación vigente.

No obstante, prosigue el comunicado, se valoró por el conjunto de representantes la posibilidad de ejercitar una demanda penal o una acción civil de protección de honor, basándose en la repercusión social, alarma y supuesto daño que esta cuestión esta haciendo a las ciudades afectadas.

Por último, en la reunión se acordó que durante esta semana mantendrán de nuevo otro encuentro, en el que estará presente cada una de las empresas suministradoras de agua de los municipios, y a través de un comunicado informarán si se determina llevar a cabo acciones conjuntas los municipios y las empresas adjudicatarias.