Ley Antitabaco.- La UCE pide a Sanidad que no ceda al chantaje de hosteleros y CC.AA. «que tratan de devaluar la Ley»

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Unión de Consumidores de España (UCE) exigió hoy al Ministerio de Sanidad y Consumo que «no ceda a la presión y el chantaje de hosteleros y ciertos gobiernos autónomos que están tratando de devaluar la aplicación de la Ley Antitabaco», ya que, a tan sólo ocho días de finalizar la moratoria dada por la Ley para adecuar las instalaciones para fumadores y no fumadores, más del 90% de la hostelería en España no ha solicitado «ni tan siquiera la licencia de obras», aseguró hoy el portavoz de la UCE, Dacio Alonso.

El hecho de que los establecimientos «no hayan dado ni un sólo paso para cumplir la Ley» se debe a una «premeditación clara para presionar a las distintas comunidades autónomas para que se cumpla a nivel autonómico lo que no se ha conseguido a nivel nacional», continuó el portavoz. Es decir, «las organizaciones representativas de los hosteleros les han dicho a los establecimientos que no hagan nada, para que los gobiernos, dóciles y débiles, consientan en sus respectivos decretos ciertas modificaciones de la Ley estatal», explicó.

De esta forma, «el sector de la hostelería ha encontrado un balón de oxígeno para rebajar las condiciones de la Ley Antitabaco» y ha logrado apoyo por parte de algunas comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía, en cuyos proyectos de Decreto «pretenden sustituir la obligación legal de completa compartimentación física de las zonas de fumadores de las de no fumadores por una obligación distinta como son los sistemas basados en ventilación, renovación o depuración de aire que son ineficaces para eliminar los tóxicos del humo del tabaco», sentenció Alonso.

Estos gobiernos autónomicos, que presentan las «cortinas de humo» como sistema alternativo, no poseen «ningún soporte técnico jurídico sustentado por la comunidad científica que asegure que reducen la contaminación del humo, por tanto, es ilegal, tal como señala también la Organización Mundial de la Salud».

Se trata, según la UCE, de una «premeditada intencionalidad y una presión organizada por parte de la industria tabacalera, que está presentando alternativas como ésta a la hostelería y los gobiernos autonómicos con el fin de eludir la actual Ley reguladora a costa de la salud de los españoles».

Alonso reiteró, por último, la exigencia de que Sanidad y el Gobierno central «no permitan ni toleren los reglamentos de aquellas comunidades autónomas que incumplan la ley, ya que las leyes están para cumplirse, y ésta, cuya aplicación en el ámbito laboral ha sido impecable, es la ley más importante en protección de la salud de toda nuestra democracia».

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