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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha exigido a Air Madrid la asunción de responsabilidades ante los daños causados a los usuarios afectados por la suspensión de las operaciones de la compañía aérea y ha solicitado la intervención de la Fiscalía para comprobar que las actuaciones de los directivos de la aerolínea no han sido «fraudulentas».

Además, CCU pidió a las agencias de viajes, al Ministerio de Fomento y a la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) que se arbitren los «mecanismos necesarios» para la devolución del importe de los billetes. A este respecto, solicitó una reunión «urgente» con los agentes implicados.

CCU valoró «positivamente» las medidas puestas en marcha por la Administración y denunció la «manipulación» que Air Madrid está realizando ante los medios de comunicación sobre dichas actuaciones. A este respecto, exigió al Ministerio de Fomento la «mayor transparencia» sobre las actuaciones realizadas en relación con la retirada de la licencia a Air Madrid, así como su plan de actuación, sobre todo informando a los afectados a través de las organizaciones de consumidores sobre los dispositivos habilitados.

El Consejo recalcó que las organizaciones de consumidores y usuarios «seguirán atendiendo» las reclamaciones y denuncias de todos los usuarios que se hayan visto afectados por la suspensión de vuelos de Air Madrid y precisó que llevará a cabo «cuantas otras medidas estimen oportunas» para los afectados.

El Consejo también pidió a Aviación Civil que aplique la fórmula de indemnización arbitrada en la crisis producida en el aeropuerto de Barcelona-El Prat de este verano y precisó que las organizaciones españolas colaborarán con las latinoamericanas para canalizar a los afectados que hayan adquirido billetes en esos países.

Finalmente, el Consejo de Consumidores y Usuarios exigió a las Administraciones competentes la creación de un observatorio sobre la calidad y seguridad de los servicios prestados por las compañías aéreas, así como la creación de una unidad «específica» de atención a los consumidores y usuarios que centralice las reclamaciones que afecten a más de un ámbito territorial, con el objetivo de «paliar la actual dispersión de unidades y oficinas existentes en el territorio nacional».

Por último, CCU instó al Ministerio de Fomento a realizan, con la «mayor brevedad», reformas legislativas que permitan arbitrar diferentes mecanismos de indemnización «automática, solidaria y eficaz» con el objetivo de proteger a los viajeros y disuadir a las compañías de actuaciones irregulares.