.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Plataforma por una Vivienda Digna afirma que algunas ayudas para comprar una casa, como la nueva Hipoteca Joven del Ayuntamiento de Madrid, “contribuyen a sostener y aumentar los desorbitados precios” de las viviendas, y pide la retirada de las ayudas directas por ser “ayudas a la burbuja” inmobiliaria.

Esta plataforma afirmó hoy en un comunicado que este tipo de medidas, “a pesar del aparente corte social con el que son presentadas”, aumentan la espiral de insostenibilidad, y llevan a que la vivienda “siga siendo un objeto inasequible para el conjunto de la sociedad”.

Esta fórmula que ha lanzado al mercado el Ayuntamiento de Madrid permite acceder a hipotecas de hasta 50 años, con facilidades para la entrada, concesión de importes de hasta el 100% sobre el valor de la tasación, sin tasas de apertura, y con períodos de carencia, entre otras ventajas. Pero, para la plataforma, este tipo de medidas sólo consiguen “ayudar a la ciudadanía a alcanzar y aceptar el irracional precio en relación a los salarios que han alcanzado las viviendas en nuestro país”.

En opinión de los portavoces de esta plataforma, la intervención de la administración “debe ir en sentidos radicalmente distintos” y señala, entre ellos, “limitar la cuantía y los tiempos de retorno” de los préstamos hipotecarios, “satisfacer la necesidad de alojamiento de los excluidos, empezando por las unidades familiares con menos recursos, potenciando las viviendas protegidas, preferentemente por el fomento del alquiler y la rehabilitación”.

Otra de las medidas que propone la plataforma es “tratar de sacar al mercado el inmenso parque de viviendas vacías” que existe en España, cifrado en tres millones.

La Plataforma por una Vivienda Digna, una asociación de ámbito nacional que lleva desde finales de 2003 pidiendo a las administraciones viviendas asequibles, y que cuenta con grupos de trabajo en Madrid, Catalunya, Euskadi, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias y Castilla y León, pide “impedir la especulación” (que considera un “mandato constitucional), “penalizando fiscalmente la tenencia de viviendas sin uso conocido”, además de “evitar la dependencia financiera de instituciones y organizaciones sobre la planificación del suelo”, además de “combatir el alto fraude y corrupción que se sustentan sobre el mercado inmobiliario”.