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Apunta que la empresa concesionaria de la explotación de las instalaciones tenía constancia de que había legionella

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció hoy que su departamento va a remitir a la Fiscalía de Málaga toda la documentación que obra en su poder de la actuación de la empresa concesionaria de la explotación del club de hielo de Arroyo de la Miel, en Benalmádena, al encontrar “indicios” de que ha actuado “con imprudencia o negligencia” tras la aparición de los casos de legionella en esta localidad, que se elevan ya a 12 personas.

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Montero argumentó que su departamento tiene “indicios” de que el proceder de esta empresa “podría ser constitutivo de un delito contra la salud pública”, por lo que justificó la remisión de toda la documentación que obra en su poder a la Fiscalía de Málaga, al objeto de que si finalmente actuó de forma negligente se le sancione “de forma ejemplarizante”.

En concreto, la titular del ramo, quien calificó los hechos de “muy graves” detalló que la torre de refrigeración de esta empresa “no estaba censada, pese a que era su obligación como así exige la ley”. Por ello, aclaró, el Ayuntamiento “no la tenía dentro de su registro”, lo que le impidió a la propia administración “proceder a las inspecciones” rutinarias.

De igual forma, Montero indicó que “una segunda irregularidad” detectada se centra en el hecho de que “parece que la empresa no tenía licencia de apertura, tal y como ha declarado el Ayuntamiento”.

Con todo, advirtió de que “una tercera irregularidad aún más grave si cabe” radica en el hecho de que “la propia empresa tenía notificación, al parecer, de que sus instalaciones tenían legionella”, tras las analíticas realizadas por un laboratorio externo a petición de la propia concesionaria de la explotación de este servicio.

“La empresa tenía al parecer constancia, por los controles que había hecho la propia empresa, de que las instalaciones tenían legionella tras la analíticas realizadas”, reiteró Montero, quien pese a estos condicionantes denunció que dicha empresa “en ningún momento había procedido ni al tratamiento de choque de las aguas, como es preceptivo cuando se detectan estos casos, ni al cierre de las instalaciones”.

“CASTIGO EJEMPLARIZANTE”

Por todo ello, consideró que ha puesto “en grave riesgo” la salud de los ciudadanos, insistió que lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía por si es constitutivo de un delito contra la salud pública y subrayó que hechos como éste “no se pueden repetir y deben de castigarse de forma ejemplarizante, ya que estas instalaciones tienen una legislación muy explícita y con unos controles muy exhaustivos para prevenir que se atente con la salud de los ciudadanos”.

Por último, señaló que el número de personas afectadas por legionella se eleva ya a 12, de las que diez permanecen ingresadas, tres de ellas en la UCI del Hospital Clínico.