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MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Murcia ha desmantelado una empresa fraudulenta de venta de perros que durante el último año podría haber introducido en el mercado nacional hasta 200 perros de razas, como bulldog francés, bulldog inglés, bull terrier, pastor alemán, vesty, shih tzu, chihuahua, cavalier y boxer, según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

La operación, que recibió el nombre de «Operación Eslova», se llevó a cabo durante las últimas semanas, y como resultado del dispositivo fue detenida la responsable de la actividad, una vecina de Las Torres de Cotillas (Murcia), por presunto delito continuado de estafa, ya que carecía de las autorizaciones preceptivas para el comercio de animales.

Según las investigaciones, el fraude consistía en la promoción por Internet de perros de distintas razas a precios inferiores al mercado, con la finalidad de captar compradores. Esta red enviaba los perros a diversos puntos de la Región de Murcia, y a lugares tan distantes como Madrid, Toledo, Cáceres, Salamanca y Asturias, entre otros muchos.

Así, en virtud de las solicitudes de compra, la empresa realizaba el pedido a los proveedores en Eslovaquia, desde donde los animales eran trasladados en un viaje por carretera de más de 20 horas.

Unas horas después de su llegada a España, los canes eran enviados a distintos clientes del territorio nacional, empleando una agencia de transportes, donde los animales llegaban «extenuados», según las fuentes y, algunos días más tarde, los perros enfermaban a consecuencia de afecciones como la parvovirosis, llegando incluso a fallecer.

En este sentido, cuando los clientes se ponían en contacto con la empresa para reclamar la devolución del dinero abonado, ésta declinaba cualquier responsabilidad sobre el asunto, y en otras ocasiones, los problemas se debían al envío de canes de razas diferentes a las convenidas y al cobro de cantidades superiores a las acordadas.

Los canes eran enajenados sin el preceptivo certificado veterinario en el que debe constar el buen estado sanitario de los animales en el momento de la venta, y obviando, además, el plazo mínimo de garantía que recoge la legislación vigente por si padecieran lesiones ocultas y enfermedades en incubación.