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EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, criticó hoy que la anterior corporación municipal de Benalmádena (Málaga) no inspeccionara la torre de refrigeración donde se detectó una elevada concentración de Legionella Pneumophila de tipo 1.

En declaraciones a los periodistas tras visitar las áreas remodeladas en el hospital de Poniente en El Ejido (Almería), Montero insistió en que la Junta tendrá «tolerancia cero» y será «intransigente» con el incumplimiento «reiterado» de la normativa.

En este sentido recordó que las instalaciones donde se desató el brote se pusieron en funcionamiento sin licencia de apertura por parte de la anterior corporación local, por lo que la Administración autonómica no tenía conocimiento de su existencia y no pudo hacer las inspecciones oportunas.

Asimismo calificó como «dato más grave» que la empresa concesionaria de los servicios tuviera «supuestamente» analíticas que revelaban la presencia de legionella y no lo pusiera en conocimiento de las autoridades sanitarias.

BROTE «POR CONCLUIDO» ENTRE HOY Y MAÑANA

La consejera subrayó que no ha aparecido ningún nuevo caso de legionella e hizo hincapié en que entre hoy y mañana termina el «periodo ventana» establecido por Salud desde la detección de la epidemia, por lo que confió en dar por concluido el brote en ese periodo.

En cuanto al procedimiento legal, reiteró su petición de una acción «ejemplarizante» de los tribunales para que «nadie vuelva a cometer estas irregularidades», que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía ante la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

Por otra parte, alabó el sistema de alertas, «perfectamente establecido», que, a su juicio, hizo posible agrupar los casos el mismo día que la Consejería tuvo conocimiento de ellos y agradeció la colaboración al Ayuntamiento actual por «aislar, cerrar la torre y evitar por tanto que se siguiera propagando esta bacteria».

Montero añadió que la Junta no pudo hacer nada «más allá de lo que hicimos» y señaló que las empresas no pueden «poner en riesgo la salud de las personas» por la «prisa» de algunas corporaciones municipales por poner en marcha instalaciones o por existencia de irregularidades en el trámite del procedimiento administrativo.