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PARIS, 11 (EUROPA PRESS)

Fumar porros puede costarle caro a los francese después de que el Gobierno haya aprobado una nueva medida para rebajar los preocupantes niveles de consumo de cannabis en el Hexágono. A partir de 2008 los fumadores pillados en flagrante delito tendrán que recibir obligatoriamente un curso sobre los peligros de los estupefeacientes. Las charlas podrían costar hasta 450 euros.

El Ejecutivo galo endurece así el tono basándose en los datos –en Francia hay cinco millones de fumadores de porros ocasionales y 1,2 millones de consumidores habituales, una cifra record en Europa– y en el hecho de que hasta la fecha las políticas públicas de salud no han tenido éxito ninguno en reconducir esta situación. Además, en 2006 uno de cada dos menores ha probado alguna vez un porro mientras que este porcentaje era de uno de cada cinco en 1993, según la información que hoy publica el diario «Le Parisien».

Dado que el gobierno no está por la labor de despenalizar el consumo, ha optado por dar un giro sin agobiar los ya de por sí saturados tribunales y la solución la ha encontrado el nuevo presidente de la comisión interministerial de lucha contras las drogas y las toxicomanías, Etienne Apaire.

«Serán obligatorios cursos de prevención del cannabis para los consumidores detenidos en flagrante delito», explica Apaire. Se tratará de sesiones de formación de dos días durante los cuales médicos, psicólogos y policías hablarán de los riesgos para la salud y de los accidentes cotidianos que puede provocar en la vida diaria.

Para que la medida sea disuasoria, estos cursos habrá que pagarlos y, según la ley de prevención de la delincuencia que prevé estas sesiones formativas, el coste de las mismas correrá a cargo de quien contraviene la norma y podrá llegar hasta los 450 euros.

Ahora el Gobierno deberá seleccionar a las asociaciones y profesionales encargadas de convencer a los fumadores de hachís de que deben abandonar el vicio. Se sigue en este caso el modelo empleado para la recuperación de los puntos del carné de conducir.

La ley francesa de 1970 prevé un año de cárcel y un máximo de 3.750 euros de multa por el uso del cannabis, pero en la práctica la tendencia de la política penal es evitar las encarcelaciones. En todo caso, vender u ofrecer estupefacientes, aunque sea en pequeñas cantidades, se considera tráfico y se puede castigar con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. A partir de ahora, las disposiciones legales se mantienen sin cambios, pero se añade la obligación de recibir cursos.