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Las entidades analizadas se muestran “reticentes” a la hora de dar datos sobre su política de RSC publicitada

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La mayoría de los bancos españoles cuenta con políticas “muy limitadas” a la hora de definir su comportamiento ético, según se desprende de un estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el que se analiza la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de varias entidades bancarias europeas.

A pesar de que todos los bancos analizados –BBVA, Caja Madrid, Grupo Banco Popular, Grupo Santander, Grupo ING, La Caixa y Triodos Bank– están adheridos a algún tipo de acuerdo internacional sobre directrices éticas, la principal conclusión del informe es que sus políticas son “muy limitadas”.

Además, las entidades financieras se muestran “reticentes” a la hora de dar datos sobre algunos aspectos de su política de RSC publicitada, por lo que el derecho del consumidor “a estar informado sobre el destino del dinero que confía a la entidad se ve vulnerado”.

La OCU define que una entidad financiera socialmente responsable es aquella que cuenta con “unas adecuadas políticas sociales y medioambientales, de transparencia, gobierno corporativo y fraude fiscal, además implementar esas políticas a través de sistemas de gestión que permitan realizar verificaciones y formar a sus empleados”.

El informe reconoce que todos estos compromisos “son voluntarios” pero “desde el momento en que se hacen públicos, se convierten en una exigencia para los consumidores”.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, la OCU ha enviado una serie de recomendaciones a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y al Banco de España con el objetivo de que se mejoren las políticas éticas en el sector bancario, “y que se apliquen estas políticas a todas las ramas de la actividad bancaria”, apostilla.

Asimismo, la OCU pide que se promueva el establecimiento de una lista de empresas y proyectos éticamente “controvertidos”, y estiman oportuno que las entidades estén obligadas a declarar sus inversiones directas e indirectas, así como préstamos y financiaciones, siempre que el importe supere los 10 millones de euros y los beneficiarios figuren en esta lista.

Por último, reclaman el control y verificación de los datos por medio de instancias nacionales competentes, haciendo público estos resultados ya que los consumidores deben conocer si las políticas de responsabilidad social que su entidad dice que adopta, “finalmente se llevan a la práctica”.

El Informe se publicará íntegramente el próximo mes de marzo en la revista “Dinero y Derechos”.