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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobó hoy el «plan de choque» que ha diseñado para reactivar la economía y que, entre otras medidas, permitirá a todas las familias ampliar sin costes el plazo de amortización de sus hipotecas sobre primera vivienda, reduciendo así la cantidad que mensualmente pagan al banco. Este iniciativa entrará en vigor en mayo y tendrá una duración máxima de dos años.

En principio, el Ministerio de Economía y Hacienda había anunciado que a esta medida podrían acogerse las familias con especiales dificultades, pero finalmente de ella podrán beneficiarse todas las personas físicas que deseen alargar el plazo de sus créditos hipotecarios.

Otra de las medidas contenidas en el plan, que inyectará 10.000 millones de euros a la economía durante este año, es la «famosa» deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, que pondrá en el bolsillo de estos contribuyentes unos 6.000 millones de euros, el equivalente al 0,9% de la renta disponible de las familias.

Esta medida entrará en vigor en junio de este año, de tal manera que en las nóminas de julio asalariados y pensionistas recibirán 200 euros más como consecuencia de las menores retenciones, y el resto se repartirá a partes iguales entre las nóminas de agosto y diciembre.

El paquete de medidas fiscales y económicas elaborado por el Ejecutivo incluye además la eliminación del gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de 2008, mejoras en el tratamiento fiscal de la rehabilitación de edificios y de la liquidez de las empresas, estímulos para financiar vivienda protegida y la posibilidad de que todas las empresas, sin excepción, puedan pedir mensualmente la devolución del IVA.

Esta última medida entrará en vigor el año que viene y se estima que anticipará a las empresas cerca de 6.000 millones de euros a lo largo de 2009, en vez de tener que esperar a 2010, como ocurriría con los plazos actuales.

El programa económico del Ejecutivo mejora también la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija para no residentes, e incluye además el llamado plan de recolocación de desempleados que, con un coste de 201 millones de euros, permitirá a las oficinas de los servicios públicos de empleo contratar a 1.500 orientadores y ofrecerá una ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante un máximo de tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral.