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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el Gobierno está incumpliendo la promesa de subir las tarifas eléctricas en línea del IPC y considera “absurda” la forma con la que se ha introducido la tarifa social.

En concreto, la organización asegura que la subida promedio del 5,6% anunciada ayer será en realidad muy superior para la gran mayoría de los hogares españoles y se situará en torno al 10%.

Según dice, al mantenerse invariable el coste del término de potencia –cantidad fija que se abona en todos los casos– y al elevarse en entre el 12% y el 19% el coste del kilovatio consumido, los consumidores de tarifa 2.0.2 (domésticos de entre 2,5 kW y 5 kW de potencia) tendrán que pagar un 9,7% más.

A este porcentaje hay que añadir la subida del 3,3% aplicada a partir del 1 de enero. Los cálculos de la OCU contradicen los comentarios de Industria, que sostiene que el nuevo mecanismo de término de potencia gratuito hasta 12,5 kW al mes y la mayor penalización al ahorro en el término de energía fomentará el ahorro y, con ello, contendrá el gasto.

Por otro lado, la OCU considera que el criterio del Gobierno de no subir el término fijo pero sí penalizar más el consumo hace que haya casas vacías sin apenas gasto que expliquen la subida promedio del 5,6%, cuando los consumidores deben soportar en realidad en sus hogares subidas mucho mayores.

Junto a esto, arremete contra la “absurda tarifa social” a partir de la potencia fija contratada y “no ajustada a la renta, como debería ser para merecer la consideración de social”.

OCU lamenta además la “extrema concreción” con la que se establecen los requisitos para poder acceder al abono social, frente a la “ambigúedad y ausencia de condiciones y plazos concretos para el inminente cambio de sistema tarifario”, en el que figura la desaparición de la actual tarifa nocturna.

Por último, la organización lamenta la “falta de transparencia” en la determinación de los costes de la electricidad, cuando este dato revisto especial importancia a la hora de fijar el “presunto” déficit tarifario del sistema.