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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que la Directiva sobre Derechos de los Consumidores aprobada este lunes, aunque «se gana en algunos aspectos puntuales» tiene «luces y sombras» y está pensada para que despegue la compra a través de Internet.

Así, la OCU ha destacado que la directiva tiene puntos negativos que la convierten en «otra ocasión perdida para mejorar el marco regulatorio europeo de los consumidores» en unos momentos donde la desprotección ante la crisis «se acentúan más que nunca». En este sentido, explica que no sólo es que la directiva no traiga grandes mejoras, sino que, en otros aspectos, los derechos empeoran.

Para la organización de consumidores la nueva directiva hará que los españoles pierdan el derecho a la devolución de lo que se compra a distancia ya que no será gratuita; el consumidor deberá responder por la disminución del valor del bien si quiere devolverlo, aunque sea por el uso normal de lo que compre; y desaparece el derecho a que el comerciante reembolse el precio al consumidor en un plazo de 30 días tras una devolución.

Además, apunta que se ha conseguido que la directiva se aplique a la descarga de contenidos digitales, lo que no estaba incluido en la propuesta original; y ha destacado que la directiva «no tiene margen para mejorar el nivel de protección que establece».

En este sentido, ha indicado que gracias a la acción coordinada de la OCU y las principales asociaciones de consumidores europeas agrupadas en el BEUC, se ha conseguido que la norma, al menos, no reduzca significativamente el nivel de protección actual, principalmente gracias a que ni entra a regular las cláusulas abusivas (cada país sigue teniendo sus listas) ni deja en manos de los comerciantes la elección de los remedios (sustitución, reparación o reembolso) en el ámbito de las garantías.

Por otra parte, la organización se ha referido a la propuesta de régimen opcional de contratación presentada este martes por la Comisaria de Justicia, Viviane Reding, que supondría que las empresas pudieran en la práctica decidir qué régimen legal se aplicaría a los contratos con los consumidores: bien el europeo de carácter opcional (el llamado «28º régimen», pues sería un régimen legal a añadir a los de los 27 estados miembros), bien el derecho del país del que se trate (normalmente el del domicilio del consumidor).

Para la OCU esta propuesta generará «confusión» entre los consumidores y las medianas empresas, y podría suponer en la práctica que los derechos de los consumidores existentes, incluyendo los que introduce la directiva recién aprobada, se queden en papel mojado. Del mismo modo, asegura que el régimen opcional sólo resultará atractivo para las empresas en la medida en que establezca un nivel de protección de los consumidores inferior al de la legislación de cada Estado miembro. Por lo tanto, la OCU teme que el régimen opcional «acabe resultando en una rebaja en el nivel de protección de los consumidores españoles».